El gobierno mexicano lo suscribe en:
-La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)
-El Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (1966)
-El protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador (OEA, 1988).
La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° constitucional señala que:

«Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución» (DOF, 2007:5)